Recientemente la Corte de Constitucionalidad, mediante consulta realizada por el Expresidente de la República, estableció una serie de recomendaciones no vinculantes al Congreso de República, pero las cuales están enforcadas en garantizar el bien común o bienestar general de la población, toda vez que al darse el abuso de la interpelación de los ministros de Estado, los servicios públicos esenciales sufren retardo en su prestación. Si bien es una figura constitucional enfocada en fiscalizar la calidad de gasto público que se realiza en los Ministerios como unidades ejecutoras, es necesario que todo sea desempeñado bajo principios enfocados en alcanzar el bienestar general de los habitantes del Estado. Sería menester que el Congreso de la República, analizará las recomendaciones estimadas por la Corte de Constitucionalidad, toda vez que son consideradas y vertidas enfocadas en la ponderación de bienes jurídicos tutelados, en la prestación de los servicios públicos, el cual se enfoca en la protección de la persona y el logro del bien común.